"SE DEJÓ VER" MINTRABAJO

Espero que no sea flor de un día la millonaria sanción impuesta a una empresa de palma aceitera de Santander por contratar servicios con las malhadadas cooperativas de trabajo asociadas para birlar las prestaciones sociales de los obreros, impuesta por el Ministerio del Trabajo. Pero si Pardo Rueda desea y tiene voluntad política para hacerlo, deberá emprender una reforma a fondo tanto de la legislación laboral como de su propia cartera.  Las Direcciones Territoriales y los Inspectores de Trabajo dejan mucho que desear. Recuerdo que cuando fui Defensor tuve en Muzo que decirle a Carranza -el zar de las esmeraldas- que le pagara las prestaciones a los obreros de sus minas de esmeraldas, cuando el Inspector del Trabajo -que tenía esa obligación- "se moría del miedo" en decírselo y expedientarlo. Desde luego, cuando nos invitó a una de sus minas , una vez dentro, nos quitó el aire acondicionado y por poco nos asfixia. Pero eso había que hacerlo. Denunciar a las mafias que explotan a los trabajadores. Él sigue allí explotando a los trabajadores y a mi me sacaron del puesto por defender a los pobres. Hay que defender a los ricos y poderosos para conservar los puestos. Por eso el actual Defensor lleva tantos años.
Pero volviendo al Ministerio y sus reformas, hay que nombrar por concurso de méritos a los Directores Territoriales (cosa que Uribe prometió al arrancar y no cumplió, pues me consta ya que yo me presenté y ni siquiera fui llamado, botaron la hoja de vida al cesto). Hay que tener más recursos y dientes, pues los Inspectores son insuficientes para atender la cantidad de quejas que se presentan, como el caso de los niños trabajadores, la contratación ocasional violatoria de Convenios de OIT, etc. La legislación social debe estar en favor de la parte más débil, el trabajo, y no en favor de la más fuerte, el capital, como hoy lo está.  Un tema importante sería vincular a la planta a los profesores ocasionales de las universidades públicas que trabajan igual o más que los de planta y que representan el 70% de los vinculados a las universidades, frente al 30% de planta. El tema ya lo denunció Asoprofe ante la OIT en Ginebra y ante el Sistema Interamericano de DDHH en Washington.