sábado, 4 de octubre de 2014

PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA RECTORÍA


MANDATO POPULAR POR LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA
CONVOCATORIA A LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA POR LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
DEBEMOS CAMBIAR RADICALMENTE LA UNIVERSIDAD
“Ya hemos tocado fondo. Iniciamos desde allí los caminos donde construiremos
nuestras esperanzas y realidades”, expresión que nos toca pues es ya tiempo que
asumamos y decidamos que las cosas cambien; nada hay que pueda confortarnos
y es indigno todo conformismo. La lamentable historia que venimos arrastrando de
siempre, se hace hoy aún peor y más sombría que antes. Si bien hay un sistema
bloqueado y la esperanza para muchos se ha perdido, aún podemos intentar
recuperarla para edificar un nuevo mundo.
Nuestra condición y responsabilidad de sujetos sociales y políticos nos impone no
solo que expresemos nuestro repudio sino que además subvirtamos todo este
estado de circunstancias y causas que generan y mantienen la situación de
postración y crisis que vivimos. Llamado que se hace más vehemente a acometer
desde y por la Universidad misma: por el carácter y papel que comprende social y
políticamente como tal, e igualmente por la exigencia ante la decadencia en que
se encuentra.
La Universidad como está no puede ni podrá cumplir los fines que filosófica,
sociológica, antropológica, política y éticamente debe alcanzar. Entendemos la
Universidad en todo su sentido, amplio, diverso y complejo, y por ello, de
naturaleza esencialmente democrática y pública, o sea, de todos y para todos, a
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fin de que, como le corresponde, pueda ser constructora y emancipadora del
individuo y de la sociedad en general.
Lo que hoy tenemos es un despropósito de universidad frente a su realización
verdadera. Desnaturalización a que la han llevado diversas y combinadas fuerzas
depredadoras arraigadas en ella. La universidad se halla sitiada, capturada y
expoliada por rapaces tentáculos bien determinados:
Por una parte, por las del clientelismo regional y local, -un sistema y sus
grupúsculos que han mantenido y reproducido férreamente los partidos
tradicionales y dominantes retardatarios-, convirtiéndola en el objeto de sus
prácticas manipuladoras, prebendarías y de usufructo económico corrupto, e
instaurando a la vez un ambiente de conformación y reproducción de la
mediocridad y el oportunismo laboral. Se dice que sólo puede ser rector un
“anciano” boyacense, de 40 años de trabajo en la UPTC y miembro del partido
conservador o de la “U”, o sea derechista, tendencia que ha de mostrado su
fracaso en la conducción del país, pues privilegia la inversión de guerra y no en
educación, ciencia y tecnología, que es el paso hacia la paz con justicia social.
Por otra parte, está sometida a la condición de instrumento burocrático, como
institucionalidad estatal establecida -no propiamente en ese sentido destacado y
sublimado de “educadora/ formadora”- , sino en cuanto mecanismo de control y
sometimiento social al orden establecido. Fin éste estrechamente ligado a la
reproducción y manejo de intereses particularistas y espurios -que se contraponen
a la realización esencial del ser y razón de la universidad- que la conminan
sustancialmente a la de escenario y objeto de ritualización de relaciones de
subordinación, mando, controles, trámites, instancias de administración, vigilancia
y demás efectos perniciosos, pretendidamente indispensables para la
“normalización”. Al mismo tiempo, es la forma de usufructuar, repartir y controlar
los recursos públicos, otorgar privilegios y beneficios, al igual que los cargos, los
contratos, los bienes y servicios que a nombre de la universidad se detentan. Las
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normas de calidad impuestas encubren las grandes fallas que ha tenido la
administración de la Universidad. La acreditación de alta calidad puede ser el fruto
de presiones políticas, antes que de verdades que son inocultables.
Pero también se suma a esta situación de postración y desnaturalización de la
universidad pública, el deliberado desconocimiento y vulneración de la autonomía
universitaria que se viene ejerciendo a través de las actuales políticas
gubernamentales, implantadas de manera continuada y acentuada, y que a la
postre llevan a su desaparición. De un lado, mediante el recorte y desfinanciación
de los aportes públicos, a la vez que imponiendo formas de autofinanciamiento,
que en consecuencia hace que su sostenibilidad corra a cargo de los sectores
sociales populares -vía matrículas, derechos, costos, etc.- y en contra de las
posibilidades de acceso de la población pobre. Y, por otra parte, a la imposición
de esquemas y planes de formación, tendiente a reducir la amplitud de los
contenidos y extensión de los estudios, eliminando también la formación
humanística y política imprescindibles. En tal sentido, la iniciativa santista para
reformar la Ley 30 de 1992 no toca el almendrón de la problemática universitaria,
en temas como la elección directa del rector por las bases y la financiación
sostenible y amplia de parte del Estado. Hoy 5 votos del Consejo Superior valen
más que 27.000 estudiantes, 1.500 profesores y 1.500 trabajadores.
Se confina a que la universidad solo imparta una instrucción y capacitación
tecnologizante y tecnicista, conforme a los intereses específicos del mercado, o
mejor, de la ganancia capitalista. Y, obviamente, a la formación de profesionales
que aseguren el control y reproducción de lo ideológico, lo social, lo educacional y
demás “servicios u ocupaciones” necesarios en las relaciones de dominación. O
sea, claro está, poco o nada con la obligación y prioridad de atender el desarrollo,
la dignificación y liberación del ser humano, y mucho menos a que cuestione y
luche contra todas las formas y condiciones de un ordenamiento opresor.
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EQUILIBRAR LOS PODERES EN COLOMBIA


Uno de los elementos centrales de la democracia liberal en el mundo es la tridivisión de poderes, esto es, que las tres ramas del poder público –ejecutivo, legislativo y judicial- mantengan su fuero competencial y su independencia de cualquier injerencia que pretenda menoscabarla en su actuación. La colaboración armónica será un complemento excepcional en esa división del poder. Los pensadores clásicos Locke y Montesquieu sentaron las bases contra el absolutismo monárquico, desarrolladas principalmente en la lucha contra el absolutismo en Inglaterra y concretada en la Revolución Americana de 1776.

El Presidente de la República en su campaña ofreció acabar con la reelección presidencial, vigente desde el Acto Legislativo 02 de 2004. Para tal efecto, por medio de sus ministros de Interior y de Justicia,  presentó un Proyecto de Acto Legislativo reformatorio de varios artículos de la Carta, el cual se unificó con otros proyectos provenientes del CD y del PDA,  en el cual se contempla:
*La prohibición de la reelección de los servidores públicos electos por corporaciones públicas u organismos colegiados.
*La silla vacía o pérdida definitiva de la curul como castigo a los partidos que prohijaron la presencia de delincuentes en sus filas.
*La modificación de la circunscripción para el Senado, otorgándole un senador a cada uno de los once departamentos con menos de 500.000 habitantes, que carecen de esa representación en la Cámara Alta.
*Formará parte del Senado el candidato que obtenga la segunda votación para la presidencia, y así sucesivamente en las demás instancias.
*Eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (ente inoperante) y la erección de un Tribunal de Aforados encargado de investigar y juzgar la conducta de los altos funcionarios del Estado. El Tribunal tendría siete miembros elegidos por el Congreso.
*Eliminación de la reelección presidencial y vicepresidencial.
*Sistema de cooptación para la conformación de las Altas Cortes.
*Desaparición del Consejo Superior de la Judicatura y sus derivados. Creación de un Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial.
*Eliminación del voto preferente e instauración de un sistema de listas cerradas y bloqueadas.
*Eliminación de la reelección del Procurador, del Defensor, del Contralor, etc.
*Prohibición de la “silla giratoria” entre los cargos.
 
La Comisión Primera del Senado incorporó el tema del voto obligatorio por tres períodos y la prohibición de que los parlamentarios sean reelegidos más de cuatro veces. Ha sido fundamental el papel jugado allí por la senadora Claudia López, la cual se perfila como una de las futuras candidatas presidenciales por su arrojo y claridad contra las mafias.

También se abre paso el voto obligatorio por tres períodos, para superar la enorme abstención electoral presentada en los últimos comicios.

ANÁLISIS

Partimos de criticar la reforma por el vicio inveterado de nuestros políticos, en donde se preparan para ganar elecciones, pero no para gobernar. Se nota una enorme improvisación tanto en el contenido el proyecto, como en los debates en el Senado. Se trabaja sobre la coyuntura y el día a día. Hasta el Fiscal llamó a huelgas, paros y movilizaciones contra la clase política(¡). La falta de técnica legislativa y la introducción de numerosos temas de forma desordenada hace que realmente existan varias reformas en una sola. Por ejemplo, la reforma a la justicia, que se hundiera en la pasada legislatura, es claro que pretende cristalizarse por esta vía.
Tampoco ha sido claro el Gobierno y la coalición mayoritaria en el tema de la transparencia a la hora de elegir los altos cargos en organismos de control o en el denominado Tribuna de aforados, pues salvo para el Registrador, el concurso de méritos no está presente, como debería estarlo.
La llamada “lista cremallera” y cerrada no es per se garantía de democratización y fortalecimiento de los partidos políticos. La experiencia con el bolígrafo de los grandes jefes de las colectividades, así como la concesión de avales en un sistema típicamente parlamentarizado, no permite que expresiones nuevas rompan la hegemonía de los mismos en las corporaciones. Si bien es saldable el fifty fifty en la representación de género, no es menos cierto que hoy en día el patriarcalismo reinante en las agrupaciones políticas no permiten prever que las lideresas surjan de la noche a la mañana por sí mismas en la misma proporción de los varones, por lo cual tendrían que hacerse grandes campañas de modernización y democratización que supere la cultura política premoderna aún hoy vigente.
Desde que se creó, la figura de la reelección presidencial ha sido dañina para el sistema de pesos y contrapesos de la Carta del 91. Yo lo dije ante los Magistrados de la Corte que examinaban su constitucionalidad y no me escucharon en esa ocasión. Luego de que vieron el peligro que se avecinaba con la reelección perpetua, fue cuando aceptaron la tesis de la sustitución de poderes.
El voto es un derecho, pero también es un deber. Aquellos que se sienten extranjeros en su propia tierra deberían pensar en la importancia de no permitir que otros definan su destino por ellos. Acompañado de una severa formación en cultura política, la transitoriedad de la medida permitirá vislumbrar si se pueden combatir las maquinarias clientelistas que invierten  grandes sumas de dinero en las elecciones y desciende la abstención (que hoy está en el 52%), o si por el contrario se encarecen las campañas y la clase política corrupta invierte más dinero en la compra de votos. Allí debería haber un cambio en el control de los mass media.
Nos quedan varias dudas: ¿Cómo van a jugar los acuerdos de La Habana refrendados por el pueblo? ¿Cómo se incrustan las medidas del Estatuto de la Oposición prometido por Santos? Son inquietudes válidas en un momento en que la opinión pública reclama transparencia y defensa de la independencia de los poderes públicos, para superar el presidencialismo y centralismo absorbente y antidemocrático que hemos tenido desde que se aprobara la reelección. Amanecerá y veremos…