sábado, 4 de octubre de 2014

PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA RECTORÍA


MANDATO POPULAR POR LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA
CONVOCATORIA A LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA POR LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
DEBEMOS CAMBIAR RADICALMENTE LA UNIVERSIDAD
“Ya hemos tocado fondo. Iniciamos desde allí los caminos donde construiremos
nuestras esperanzas y realidades”, expresión que nos toca pues es ya tiempo que
asumamos y decidamos que las cosas cambien; nada hay que pueda confortarnos
y es indigno todo conformismo. La lamentable historia que venimos arrastrando de
siempre, se hace hoy aún peor y más sombría que antes. Si bien hay un sistema
bloqueado y la esperanza para muchos se ha perdido, aún podemos intentar
recuperarla para edificar un nuevo mundo.
Nuestra condición y responsabilidad de sujetos sociales y políticos nos impone no
solo que expresemos nuestro repudio sino que además subvirtamos todo este
estado de circunstancias y causas que generan y mantienen la situación de
postración y crisis que vivimos. Llamado que se hace más vehemente a acometer
desde y por la Universidad misma: por el carácter y papel que comprende social y
políticamente como tal, e igualmente por la exigencia ante la decadencia en que
se encuentra.
La Universidad como está no puede ni podrá cumplir los fines que filosófica,
sociológica, antropológica, política y éticamente debe alcanzar. Entendemos la
Universidad en todo su sentido, amplio, diverso y complejo, y por ello, de
naturaleza esencialmente democrática y pública, o sea, de todos y para todos, a
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fin de que, como le corresponde, pueda ser constructora y emancipadora del
individuo y de la sociedad en general.
Lo que hoy tenemos es un despropósito de universidad frente a su realización
verdadera. Desnaturalización a que la han llevado diversas y combinadas fuerzas
depredadoras arraigadas en ella. La universidad se halla sitiada, capturada y
expoliada por rapaces tentáculos bien determinados:
Por una parte, por las del clientelismo regional y local, -un sistema y sus
grupúsculos que han mantenido y reproducido férreamente los partidos
tradicionales y dominantes retardatarios-, convirtiéndola en el objeto de sus
prácticas manipuladoras, prebendarías y de usufructo económico corrupto, e
instaurando a la vez un ambiente de conformación y reproducción de la
mediocridad y el oportunismo laboral. Se dice que sólo puede ser rector un
“anciano” boyacense, de 40 años de trabajo en la UPTC y miembro del partido
conservador o de la “U”, o sea derechista, tendencia que ha de mostrado su
fracaso en la conducción del país, pues privilegia la inversión de guerra y no en
educación, ciencia y tecnología, que es el paso hacia la paz con justicia social.
Por otra parte, está sometida a la condición de instrumento burocrático, como
institucionalidad estatal establecida -no propiamente en ese sentido destacado y
sublimado de “educadora/ formadora”- , sino en cuanto mecanismo de control y
sometimiento social al orden establecido. Fin éste estrechamente ligado a la
reproducción y manejo de intereses particularistas y espurios -que se contraponen
a la realización esencial del ser y razón de la universidad- que la conminan
sustancialmente a la de escenario y objeto de ritualización de relaciones de
subordinación, mando, controles, trámites, instancias de administración, vigilancia
y demás efectos perniciosos, pretendidamente indispensables para la
“normalización”. Al mismo tiempo, es la forma de usufructuar, repartir y controlar
los recursos públicos, otorgar privilegios y beneficios, al igual que los cargos, los
contratos, los bienes y servicios que a nombre de la universidad se detentan. Las
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normas de calidad impuestas encubren las grandes fallas que ha tenido la
administración de la Universidad. La acreditación de alta calidad puede ser el fruto
de presiones políticas, antes que de verdades que son inocultables.
Pero también se suma a esta situación de postración y desnaturalización de la
universidad pública, el deliberado desconocimiento y vulneración de la autonomía
universitaria que se viene ejerciendo a través de las actuales políticas
gubernamentales, implantadas de manera continuada y acentuada, y que a la
postre llevan a su desaparición. De un lado, mediante el recorte y desfinanciación
de los aportes públicos, a la vez que imponiendo formas de autofinanciamiento,
que en consecuencia hace que su sostenibilidad corra a cargo de los sectores
sociales populares -vía matrículas, derechos, costos, etc.- y en contra de las
posibilidades de acceso de la población pobre. Y, por otra parte, a la imposición
de esquemas y planes de formación, tendiente a reducir la amplitud de los
contenidos y extensión de los estudios, eliminando también la formación
humanística y política imprescindibles. En tal sentido, la iniciativa santista para
reformar la Ley 30 de 1992 no toca el almendrón de la problemática universitaria,
en temas como la elección directa del rector por las bases y la financiación
sostenible y amplia de parte del Estado. Hoy 5 votos del Consejo Superior valen
más que 27.000 estudiantes, 1.500 profesores y 1.500 trabajadores.
Se confina a que la universidad solo imparta una instrucción y capacitación
tecnologizante y tecnicista, conforme a los intereses específicos del mercado, o
mejor, de la ganancia capitalista. Y, obviamente, a la formación de profesionales
que aseguren el control y reproducción de lo ideológico, lo social, lo educacional y
demás “servicios u ocupaciones” necesarios en las relaciones de dominación. O
sea, claro está, poco o nada con la obligación y prioridad de atender el desarrollo,
la dignificación y liberación del ser humano, y mucho menos a que cuestione y
luche contra todas las formas y condiciones de un ordenamiento opresor.
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