Por iniciativa del Gobierno, el Congreso de la República acaba de aprobar la reforma constitucional al fuero militar. Desde que se presentó el proyecto de acto legislativo las voces en contra de semejante infundio fueron permanentes, tanto nacionales e internacionales, de egregias personalidades e instituciones defensoras de Derechos Humanos. La coalición de Gobierno fue autista frente al clamor nacional, que ve con estupor cómo una situación de grave violación a los Derechos Humanos quedó bendecida a ciencia y paciencia de la coalición mayoritaria de Gobierno. Hasta la ONU, que es tan parca para dar declaraciones de esta índole, se manifestó abiertamente en contra, así como Human Rights Watch, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, junto a Dejusticia, Acadeum, etc.

Los falsos positivos no quedaron tipificados, así como el homicidio en persona protegida y el homicidio agravado.  Las madres de Soacha, y todas las víctimas en general, ven con estupor cómo se esfuma la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, ante el estropicio cometido por la manguala gobernante.

Se demuestra así que el sistema político está bloqueado en Colombia. Que los pares juzguen a los pares con imparcialidad es lo más ridículo del mundo, impunidad servida a la orden del día y violación a los DDHH y al DIH. El Gobierno le pone una vela a Dios (diálogos en La Habana) y otra al diablo (fuero militar, reforma tributaria regresiva, elección del Procurador, etc.). Es como el cuento de Stevenson del Dr. Jekill y Mr. Hyde, bueno de día, monstruo de noche, como los vampiros, sufre una transmutación macabra y exterminadora.

Sólo nos queda a los juristas demandar ante la Corte Constitucional semejante atropello jurídico, que rompe los estándares mínimos internacionales de independencia judicial y atropella a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales hacia el futuro. Es una verdadera sustitución constitucional.    Por lo pronto, la respuesta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido la de condenar a Colombia porque sus militares asesinaron civiles indefensos y niños en Santo Domingo, Arauca, con bombas de racimo prohibidas por el DIH.