HERRAMIENTAS CONTRA LAS UNIVERSIDADES DE GARAJE

El Congreso de la República acaba de aprobar en tres meses (sorprendente!) una Ley que le otorga precisas Facultades al Gobierno Nacional y en especial al Ministerio de Educación para realizar labores de inspección y vigilancia efectivas frente a entidades de educación superior. La idea es crear una Superintendencia del sector que vele por los intereses de la comunidad universitaria de diferentes instituciones de educación superior, hoy sumamente cuestionadas por aspectos como la corrupción y la concentración de poder en manos de ciegas familias. Resultó sorprendente ver cómo un alto Directivo de una reconocida universidad había tenido una pérdida de investidura como congresista y además una condena a 35 años de cárcel por la masacre en Segovia Remedio de miembros de la Unión Patriótica. Lo que está pasando en la Universidad San Martín es prueba de los abusos y excesos de la familia Alvear con los padres de familia. La politiquería también ha dejado su estela negativa y es así como numerosos politiqueros se han hecho con el control de universidades, públicas o privadas. No tiene, pues, el Gobierno disculpa para intervenir de manera decidida y contundente para asumir las investigaciones del caso y proceder a remover los factores de grave perturbación que han afectado el derecho a la educación de nuestros jóvenes. El cáncer ha hecho metástasis, debido a lo manguiancho que ha sido el Estado desde hace muchos años en permitir que núcleos societarios (como clanes o familias) se tomen la educación y monten las universidades de garaje, que hoy están en crisis. No ha fundado ni una sola universidad pública el Estado en los últimos 30 años, lo cual demuestra los efectos de la política neoliberal: dejarle a las manos del mercado que regule el sistema. Los interesados pueden ver mi artículo publicado en la web: "La educación: entre derecho y mercancía".