ESPACIOS VIVIDOS. TERRITORIOS DESPOJADOS

Mi amiga Gloria Cuartas, maestrante de Geografía en la UPTC,  me ha obsequiado su libro publicado por la Contraloría General de la República, de autoría colectiva con Marcela Martínez y Juan Carlos Villamizar.

Bellamente editado, el documento sirve de insumo actualizado sobre el grave flagelo del conflicto armado en Colombia y el desplazamiento forzado, así como la evaluación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Cabe una felicitación a la entidad de control porque superando las barreras meramente burocráticas demuestra que si se tiene voluntad política e independencia y solvencia, se es capaz de desarrollar un documento de importantes aportes no solo para la academia, sino para el Estado en conjunto y en especial para la implementación de políticas públicas.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha estimado la cifra de 5.845.002 víctimas registradas hasta el 1 de octubre de 2013, de las cuales 5.087.092 son por desplazamiento forzado. La injusta distribución de la tierra fue uno de los detonantes del actual conflicto armado colombiano, pero más allá, la consecuencia del destierro de estas víctimas, con sus dolorosas consecuencias, han troto el corazón nacional y será muy difícil reconstruir el tejido social fracturado. Uno de los aspectos relevantes en el estudio lo constituye el análisis desde el territorio, apelando a soportes doctrinarios de la talla de Massey y Harvey, entre otros. Es bajar la geografía a un terreno poco explorado, como es el conflicto armado y sus territorios de guerra, donde la simple restitución de tierras sería un componente insuficiente a la luz de la justicia reparadora a favor de las víctimas.

Igualmente, se recuerda que en el Informe “Basta ya” se dijo que en estos 54 años de guerra de cada 10 colombianos que perdieron la vida, 3 la perdieron por causa de la guerra.

Metodológicamente el Informe es muy acertado, a introducir la geografía de la guerra (espacio, territorio y poder), pasando a describir en 4 departamentos y en una zona (Magdalena Medio) los escenarios de conflicto (partiendo de entrevistas en profundidad) para demostrar las rutas del desplazamiento de forma contextualizada. Se pretende llegar a una conclusión muy importante y es que la actual política denominada locomotora minero-energética y el mismo modelo agrícola y económico conspira contra el desarrollo de la Ley de Víctimas y restitución, si lo que se quiere es aplicar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, basadas en la dignidad humana. 

Para Harvey se produce en Colombia “acumulación por desposesión”, fenómeno que incide en la absoluta precarización democrática en el país.

El Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos desconoce la eliminación de territorios y el surgimiento de nuevas espacialidades, para privilegiar el capital extranjero en megaproyectos, desligado de las nuevas realidades espacio-temporales. El documento llama la atención al Gobierno nacional para que revise esa postura.  Se advierte que en las zonas estudiadas persiste el conflicto armado, político y social.

Se hace eco de la sentencia de la Corte Constitucional (Tutela T-881 de 2002), al expresar que “el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu, entendida como integridad física y espiritual presupuesto para la realización del proyecto de vida.

El concepto de territorio abarca nuevos escenarios. “Pensar el territorio no solamente como un contenedor natural de recursos, sino como un espacio de poder, de gestión y de dominio del estado; de hombres y mujeres; de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales; poderes que se expresan como territorialidades de distintas escalas y con intereses, percepciones y actitudes distintas, todas en permanente estado de tensión y confrontación dentro del arco del territorio estatal”.

Desarrollan conceptos de los profesores Gustavo Montañez y Ovidio Delgado respecto a que “toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad… El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos, organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales, etc.”.  

Al ser el territorio un poder, la lucha por el mismo genera un conflicto que debe estudiarse con este nuevo componente geográfico, bajo el riesgo de que si no se hace, se puede incurrir en un análisis sesgado que impida la aplicación de las políticas públicas que superen el estado de cosas inconstitucional que ha sido declarado por la Corte. Desde allí surge el imperativo del empoderamiento territorial “en la construcción de un proyecto de Nación incluyente y socialmente justo”.

La construcción de territorialidad “como relación política fundamental que se expresa en acciones de poder de territorialización, desterritorialización y reterritorialización”, es un análisis que aporta nuevos enfoques en la solución a los conflictos armados y arroja luces para la construcción del postconflicto.

Sucre, Meta, Nariño, Magdalena y la región del Magdalena Medio, son zonas particularmente estratégicas para el análisis del conflicto, por su historia de despojo y destierro de millares de habitantes y familias. Se ubican los contextos espacio temporales del conflicto de manera rigurosa, se apela a los testimonios en profundidad de las víctimas, se presentan los mapas de expulsión por cada región, se grafican los crímenes de lesa humanidad por cada zona, se ubican los municipios receptores de desplazados, y se ubican intersecciones entre el conflicto armado con las políticas de desarrollo.

La conclusión del informe es muy significativa: hay un dilema en la política de restitución, que tiene que ver con la tensión territorial que hay entre campesinos y empresarios. Por ejemplo, el IGAC señala que en el “Departamento del Magdalena hubo un incremento de la concentración de la tierra, que se refleja en la extensión de megaproyectos de palma aceitera, teca y ganadería extensiva, al punto que la estructura de la propiedad del departamento se distribuye en un 60% de mediana propiedad y un 31% de gran propiedad, donde los pocos propietarios han concentrado las tierras de mejor calidad”, lo cual genera inestabilidad en las relaciones territoriales.

El Informe señala la afectación de ese territorio con la implantación de megaproyectos que impactan negativamente la zona, pues ni siquiera se contó con la comunidad para su aprobación.

Muy significativo es el análisis de la política gubernamental de desarrollo y ordenamiento productivo en zonas de la altillanura, como estratégico para el tema de producción agroindustrial y de hidrocarburos. Ello ha generado en la zona del Meta “un fuerte proceso de colonización promovido a partir de estímulos tributarios, crediticios y a través de subsidios, que generaron la llegada de diversos inversionistas nacionales como el Grupo Sarmiento Angulo, el grupo económico Valorem de la familia Santo Domingo, el Sindicato Antioqueño por medio del grupo Aliar y el Grupo Manuelita. También se destaca la llegada de inversionistas extranjeros como la empresa multinacional Cargill, el Grupo Mónica Semillas, el Grupo Poligrow, la multinacional agrícola el Tejar, entre otras”. Destaca cómo Río Paila, Cargill y Mónica Semilla han sido denunciados por apropiación ilegal de baldíos, que eran para los campesinos pobres y sin tierra. Un Embajador en Estados Unidos tuvo que dimitir por contribuir al despojo de baldíos a los campesinos.

La conclusión en este aspecto es muy diciente: “Surgen dudas en relación con la posibilidad que los procesos de restitución de tierras efectivamente se dirijan a consolidar proyectos para los campesinos de uso y ordenamiento del territorio como forma de reconstrucción y reparación de la población víctima del conflicto y a recuperar el tan fragmentado tejido social y el ejercicio de la territorialidad de las comunidades rurales. O  por el contrario, se puede pensar que las perspectivas y el espíritu de los procesos de restitución se reduzcan, debido a los fuertes cambios que se han presentado y en los casos en los que sea posible el retorno de las víctimas, a asegurar la reinserción de las familias a los nuevos usos del territorio. En últimas, de no ser posible la materialización de alguno de los escenarios anteriores, podría llegarse a pensar que la política de restitución de tierras puede terminar constituyendo una herramienta de legalización “por las buenas” de la tenencia de predios que ahora son requeridos para nuevos usos y, por lo tanto, deben ingresar a dar dinamismo de manera pronta al mercado de tierras”.

Se trata de cuestionar las locomotoras santistas frente a la propia Ley 1148, pues la tensión en contra de la restitución puede dar lugar a una prolongación sine die del conflicto armado.

En materia estadística, “para el período reciente, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2012) ha estimado un despojo de 6,5 millones de hectáreas que representan el 15,4% de la superficie agropecuaria, afectando a 4,6 millones de personas, es decir, el 10% de la población colombiana, con impactos severos en la población campesina, pues el 60% de los grupos familiares desplazados lo fueron de zonas rurales, el 24% de los centros poblados y el 15% de las cabeceras municipales, confirmando que la mayoría de los desplazados eran pequeños productores aplicados en actividades agrícolas y pecuarias”.

Tendrá que mirar la problemática el estado no como una salida militar, sino dentro de la complejidad geográfica que el nuevo territorio descifra.

En conclusión, “las historias que componen este libro cuentan acerca del despojo (Magdalena, Meta), la demanda por reparación colectiva (Sucre y Nariño) y la persecución a organizaciones sociales (Magdalena Medio), situaciones en las cuales la presencia del Estado fue en unos casos de inoperancia y en otros de una presencia tolerante que aceptó la acción de las fuerzas ilegales, dejando como saldo el desplazamiento, la masacre, el homicidio selectivo y la terminación abrupta de proyectos de vida hechos por la gente”.

Y respecto a las políticas minero-energéticas y agroindustriales del Gobierno, se señala: “La reciente política de restitución tiene un rasgo de ambigüedad, que no perite saber si se trata de una política para recomponer los proyectos de vida de las personas o para permitir que en el inmediato futuro se legalice la propiedad y se le de vía a los proyectos agroindustriales, infraestructurales y extractivos. Por lo primero, hay que decir que, bajo la óptica de las nociones de territorio y territorialidad, la política de restitución solamente apunta a la idea de devolver la tierra como un lugar y deja poco para avanzar sobre la idea de devolverle a la gente su capacidad para construir la territorialidad, es decir, retornar al territorio con un proyecto productivo, con la posibilidad de ejercer formas de convivencia y con el derecho a ejercer la participación como sujetos políticos. Por lo segundo, hemos visto que los proyectos económicos agrarios en curso han dejado ver que están disputando el territorio con la población desplazada y retornada, y que la ley de restitución es sólo un paso mas para consolidar zonas agrícolas que en el pasado habían sido de los campesinos despojados”.

La construcción de paz con justicia social implica este reconocimiento a las víctimas, por encima de la guerra, el despojo y el capital depredador. Este Informe demuestra un juicioso análisis de la historia del desplazamiento y del propio conflicto armado interno, en especial en cinco zonas tradicionalmente golpeadas por el mismo. Se echa de menos un análisis sobre la creación y desarrollo del Ejército Antirrestitución de Tierras, figura funesta de ultraderecha que ha causado severos inconvenientes a la cristalización de la Ley, así como también a la parte jurídica en la implementación y desarrollo de los jueces de restitución de tierras, sus avances y dificultades, la devolución de bienes por parte de los paramilitares insertos en Justicia y Paz, con lo cual el documento quedaría más completo aún de lo que está. También hubiera sido buena una referencia al nombramiento del expresidente de Fedepalma como Ministro de Agricultura y los efectos que ello tuvo en las zonas palmicultoras frente a la comunidad campesina. Sin embargo, ello no empece el excelente trabajo. Ojalá el nuevo Contralor siga en este empeño, con funcionarios de este talante crítico, serio, solvente  e independiente, como es lo que se puede esperar de un órgano de control en un Estado de Derecho si se quiere denominar democrático.  

  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Espacios Vividos. Territorios Despojados. Bogotá, Imprenta Nacional, 2014.