En
el fallo del Consejo de Estado dentro de las tutelas del caso Petro, los
coroneles demostraron ser superiores a los generales. Me refiero a que los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí fueron garantistas
en la defensa de los derechos fundamentales de los electores de Petro y de la
violación al debido proceso del mismo burgomaestre. También se aplicó el
denominado control de convencionalidad. La ponencia del magistrado progresista
Vargas (el bueno) se enfrentó a la ponencia regresiva de Vargas (el malo, quien
fuera empleado de Ordóñez el Procurador) y perdió 14 a 11, como el un partido
de voleibol. Ya lo habíamos dicho: del bloque de 14 hacen parte personas que
tenían serios impedimentos por pertenecer a los partidos conservador y
uribistas, y que además tenían amistad con el procurador y hasta familiares
empleados allí, como la propia Presidente del Consejo que confesó tener un hijo
trabajando allí y ser del partido conservador. ¡Qué desvergüenza! Y no se
aceptaron los impedimentos. También el Magistrado Sanabria dicen que ya hizo en
la Judicatura la ponencia negativa contra Petro, siendo –como es- un amigo de
Ordóñez y militante del conservatismo. En tal sentido, sólo cabe esperar el
fallo en revisión de la Corte Constitucional y las medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de DDHH. El fallo del Consejo se hizo de acuerdo con el
Registrador y el Ministro de Hacienda, que aplazaron la revocatoria de Petro
(prevaricadoramente, dijo Guillermo Alfonso) pues veían que iba a ganar el NO
ampliamente. O sea, que de paso le cercenaron el derecho al pueblo, al elector
primario, de manifestarse. El mensaje a La Habana, junto con el atentado a Aida
Avella, no deja de ser inquietante.
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