Lo que ha ocurrido en el Congreso con la reforma a la justicia es sumamente grave. Un conciliábulo de "conciliadores" ha usurpado la voluntad popular y alterado los mecanismos institucionales para perpetrar un atentado a la justicia, favoreciendo la impunidad y creando cargos vitalicios en cabeza de los magistrados de las altas cortes.
La objeción presidencial (sin antecedentes), así como la renuncia del Ministro de Justicia (consecuencia obvia) y la denuncia por prevaricato contra todos los congresistas que votaron la reforma, convierte este hecho en un sainete vergonzoso. Se observa que los jefes de los partidos de la Unidad Nacional se rasgan las vestiduras, cuando ellos sabían qué estaba ocurriendo y que la reforma era una venganza contra la Sala Penal de la Corte Suprema, porque ha colocado bajo las rejas a los congresistas paralíticos. Un trago amargo. Los problemas de la justicia subsisten.
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